Una congregación entra la Iglesia Presbiteriana Westminster no para rezar, sino para recibir valiosas tarjetas de identificación.
El programa local sin fines de lucro Human Rights Coalition of Alachua County [Coalición de Derechos Humanos Del Condado de Alachua] organiza eventos breves y programados al menos una vez al mes desde que establecieron el Programa de Identificación Comunitaria. Continúa realizando estos eventos dos veces al mes.
Aunque inicialmente fue aceptada por pocas organizaciones, el uso de esta identificación comunitaria ha crecido significativamente. Después de ser aprobada para su uso por funcionarios de la ciudad, el condado y las fuerzas del orden, otras instituciones como Grace Marketplace, UF Health Shands, clínicas móviles de alcance y bancos de alimentos han aceptado la identificación comunitaria como una identificación válida.
Veronica Robleto, una residente del condado de Alachua de 43 años, ha sido la directora del programa desde 2022.
"Es para ayudar a las personas que tienen obstáculos para acceder a una identificación emitida por el estado a poder identificarse como quienes dicen ser”, dijo Robleto. “Pero también como miembros de la comunidad. Porque muchos inmigrantes en nuestra comunidad pueden tener un pasaporte de su país. Te molesta y muestra que no eres de aquí”.
Si bien busca proveer tarjetas de identificación a los migrantes en Alachua, también es valioso para otros grupos marginados en Gainesville como los recientemente encarcelados y gente sin hogares.
"Hay muchas otras personas que también experimentan obstáculos para acceder a una identificación estatal, como las personas que vuelven a ingresar después de estar en prisión, las personas que experimentan inseguridad en la vivienda o la falta de vivienda”, dijo Robleto. “Porque incluso si eres ciudadano de los Estados Unidos, si no tienes una dirección permanente, no puedes obtener una identificación estatal”.
El proceso para recibir una identificación implica programar una cita con Coalición de Derechos Humanos en su sitio web y ver un breve video de orientación con más información sobre la identificación.
Los participantes deben llevar documentos a su cita que demuestren su identidad, edad y dirección. Se toman fotografías, y las identificaciones se imprimen en el lugar, así todos salen de la cita con su nueva identificación comunitaria en mano.
Después de las citas, la Coalición de Derechos Humanos también conecta a los residentes con iniciativas similares en el Condado de Alachua, como el Rural Women’s Health Project [Proyecto de Salud de las Mujeres Rurales], una organización sin fines de lucro basada en el apoyo comunitario a través de la educación con énfasis en la atención médica.
“Les traemos información de la salud, de vacunas de COVID, donde pueden dirigirse si tienen alguna necesidad para que nos llamen al proyecto con este número y todos los proyectos que tenemos acerca de la salud", dijo Magglorys Zelaya, una representante de 53 años del proyecto.
Además de los proyectos relacionados con la salud, el Proyecto de Salud de las Mujeres Rurales también informa a los hispanohablantes sobre cómo interactuar con los funcionarios estatales.
“Hemos tenido eventos de decirle a la comunidad como prepararse si viene un policía y los para, qué deben hacer, como no ponerse nervioso, para que ellos estén preparados ante cualquier situación que pase", dijo Zelaya.
El proyecto de ley del Senado 1718, una ley que endurece la aplicación de identificación para trabajadores inmigrantes y restringe fondos para identificación comunitaria fue promulgado en julio por el Gob. Ron DeSantis. Debido a esta ley, estas interacciones pueden volverse más frecuentes que nunca, revitalizando el propósito de la identificación comunitaria. Lexi Crespin, estudiante de segundo año de psicología de 20 años y voluntaria de HRC, ha notado una nueva ansiedad en la comunidad mientras reciben su identificación.
"Definitivamente se puede ver que algunas personas han estado asustadas durante todo el verano por esto, lo cual ha sido realmente triste de ver", dijo Crespin. “Tener algún tipo de recurso les hace sentirse más seguros".
Sin embargo, esta misma legislación también ha puesto en peligro este programa y la seguridad que conlleva. Uno de los parámetros de esta legislación impide que los gobiernos de la ciudad y el condado financien programas de identificación comunitaria.
"Ahora tenemos que empezar a ayudar en la recaudación de fondos", dijo. "Ya dependemos en gran medida del trabajo voluntario, por lo que tenemos que encontrar fondos adicionales además de eso".
Otro voluntario de HRC, David Reed de 77 años, siente mucha frustración por la situación.
"No entienden que lo que estamos haciendo es bueno para la comunidad, lo cual no entiendo. ¿Por qué querrían tener menos documentación? No lo entiendo", dijo.
Amy Schirmer, una maestra de 59 años de la Escuela Secundaria Howard Bishop y voluntaria de HRC, confirma que el programa fortalece el sentido de un vínculo comunitario, especialmente para los inmigrantes.
"Hay algo en tener algo con tu nombre y dirección que dice ‘perteneces aquí, existes aquí’", dijo. "Cuando no tienes eso, sientes que no eres realmente parte de la comunidad en absoluto. Queremos que las personas se sientan bienvenidas, así como seguras".
Los beneficiarios del programa también están de acuerdo en que el programa tiene un efecto generalmente positivo. Felipe Velásquez, un receptor de la identificación y residente de la Ciudad de Alachua, compartió su experiencia con el programa de identificación comunitaria.
"Creo que es una buena oportunidad que están haciendo. Que sigan apoyando la comunidad hispana", dijo Velásquez.
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