Los patrocinadores brindaron sus copas de vino en apoyo del derecho humano de identificarse en Superette Wine and Provisions el 15 de septiembre. Durante la próxima semana hasta el 24 de septiembre, una parte de cada venta de vino por copa en Superette Wine and Provisions apoyará el programa de identificación comunitaria de la Coalicion de Derechos Humanos [Human Rights Coalition] después de sus recientes recortes de financiamiento.
Gob. Ron DeSantis firmó el proyecto de ley del Senado 1718 en mayo y la ley tomó efecto en julio. Esta legislación fortalece la aplicación de identificación de trabajadores inmigrantes y recorta todo financiamiento de los condados para programas de identificación comunitaria. Además del programa de la coalición en Alachua, programas en los condados de Palm Beach, Broward y Miami-Dade también fueron afectados.
“Por las leyes que han pasado aquí en Florida, mucha de la población de inmigrantes está preocupada por un agente policial [y] ser atrapado”, dijo Mary Nutter, una notaría voluntaria de 81 años del HRC.
La identificación comunitaria es reconocida por muchas facilidades y se puede usar en interacciones con agentes policiales, bancos de alimentos, hospitales, el alquiler y educación.
“Como un trabajador indocumentado, no pudes hacer nada sin uno”, dijo Jackie Davis, una patricipante del recaudación de 67 años. “No podes mandar a tus hijos a la escuela. No podes tener una cuenta del banco. No podes alquilar un apartamento. Es vital para la sobrevivencia”.
Después de esta nueva legislación de inmigración, la Coalicion de Derechos Humanos, la cual ha expedido 793 identificaciones comunitarias en los últimos 14 meses, perdió $20.000 en fondos de beca del condado de Alachua. Como consecuencia, han necesitado fondos de la comunidad por eventos como lo de Superette.
Veronica Robleto, la directora del programa de 43 años, comparte el impacto de estos recortes.
“En general nuestra organización está mal financiada", dijo. “Hasta los fondos del condado solo son para dos años, entonces estamos buscando para que el programa sea sostenible”.
Mientras que la intención fue enfocar en la identificación comunitaria específicamente, las consecuencias de esta ley son más grandes, de acuerdo con Robelto. La HRC tiene programas además de la identificación comunitaria, los cuales pueden ser impedidos debidos a una falta de financiamiento general.
“Hacen solicitudes de acompañamiento, lo cual significa ir con gente que necesitan que alguien lo maneje hasta sus citas, puede ser citas de ciudadanía, citas de inmigración o si es una cita de doctor”, dijo Gracia Hernandez, una voluntaria de 28 años.
La HRC también provee servicios de navegación legal, promueve acceso al idioma de la comunidad y conduce planificación de emergencia en casos de deportación y separación familiar. En el último año, la HRC ha provisto servicios de navegación legal para 204 personas, ayudado con planificación de emergencia para más de 55 familias y acompañado 30 individuales a citas de inmigración.
Como una organización sin fines de lucro, los voluntarios son el alma de la Coalición de Derechos Humanos. Desde 2022, han registrado más de 500 horas entre 50 voluntarios por todos sus programas.
“Lo que amo de la HRC es que veo que gente vuelve a voluntariar con nosotros porque se sienten bien en ayudar la comunidad”, dijo Robleto. “No tengo que rogarles, vuelven y me preguntan, ‘¿Cuándo puedo ayudar otra vez?’ Ha sido muy humilde verlo. Me hace sentir optimista para el futuro”.
La HRC también opera detrás de la Iniciativa de Inclusión de Vecinos Inmigrantes de Gainesville [Gainesville Immigrant Neighbor Inclusion Initiative], una organización que focaliza en hacer Gainesville una comunidad más inclusiva. Trabajando con GINI, la HRC ha propuesto y confirmado que el Departamento Policial de Gainesville [Gainesville Police Department] va a revelar un anuncio de servicio público en inglés y en español con acuerdo de cómo van a operar debajo de esta ley.
“Las dos agencias nos han asegurado que no cambiarán lo que van a hacer día a día”, dijo Robleto. “No están interesados en la ejecución de inmigración y aduana, que es un tema federal. No van a buscar personas indocumentadas”.
El anuncio oficial de GPD no tiene una fecha programada.
A pesar de los cambios hechos por SB 1718, la HRC continúa proveyendo sus servicios a la comunidad de inmigrantes del condado de Alachua con la ayuda de su recaudación en curso.
“Es una lucha real y cuesta arriba trabajar con personas que se encuentran en un lugar muy marginado de la sociedad”, dijo Mary Fukuyama, una ex voluntaria de 75 años y continúa defensora del HRC. "Estoy muy contenta de que esto todavía esté sucediendo”.
Póngase en contacto con Eluney por editor@alligator.org. Síguelo en Twitter @Eluney_G
