Después de cuatro meses de debate y preocupaciones por los riesgos para la financiación estatal, el Comisionado del Condado de Alachua firmó una resolución el 11 de agosto en contra de operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el país.
Escrita por la Iniciativa de Inclusión de Vecinos Inmigrantes de Gainesville, la resolución de tres páginas expresa el compromiso de garantizar que todos los residentes, independientemente de sus estatus migratorios, se sientan seguros al interactuar con las fuerzas del orden y al solicitar servicios sociales. Advierte contra las acciones discriminatorias de las fuerzas del orden, pero no menciona específicamente a ICE.
La resolución también destaca la preocupación por la expansión de la aplicación de la ley federal de inmigración en el condado de Alachua. Insta a los agentes federales en inmigración a identificarse claramente e informar a los residentes sobre los objetivos de sus actividades policiales.
La junta votó 4-0 para firmar la resolución, con la comisionada Mary Alford ausente. En una publicación de Facebook el 12 de agosto, Alford escribió que aunque estuvo ausente de la reunión, se oponía a la resolución porque creía que podría atraer “una atención no deseada” al condado de Alachua.
En junio, Jacob Torner, el vicepresidente de programas del Grupo de Trabajo para Acabar con la Falta de Vivienda, escribió a los funcionarios municipales y del condado que la aprobación de una resolución contra el ICE podría provocar que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos viera a Gainesville y al condado de Alachua como “menos favorables” al otorgar fondos federales para servicios locales.
La Propuesta de GINI
La petición de cinco puntos de GINI se presentó por primera vez a la Comisión del Condado de Alachua el 28 de abril durante los comentarios públicos. La resolución no se incluyó en la agenda hasta el 23 de junio, cuando la comisión votó unánimemente a favor de aplazar la decisión para poder consultarla con el abogado del condado.
La petición también fue presentada a los comisionados municipales durante la sesión de comentarios públicos de la reunión del 18 de junio.
Durante una reunión del 16 de julio, la Comisión Municipal de Gainesville votó a favor de posponer la decisión sobre la resolución a pesar de que más de una docena de comentaristas públicos animaron a los comisionados a que lo apoyaran. Se desconoce cuándo la comisión municipal reconsiderará la decisión.
La reunión del condado
Los comisionados y el personal del condado debatieron la resolución durante más de dos horas el 11 de agosto, considerando los posibles riesgos para la financiación estatal. Incluyendo las subvenciones que el estado otorgó a la ciudad y al condado.
Antes de la votación, los comisionados consideraron las acciones de otros condados, como el condado de Orange, que aprobó una resolución similar en contra de las operaciones actuales de ICE. El Comisionado del condado de Orange aprobó en marzo una resolución para oponerse a un supuesto centro de detención de ICE en el este de Orlando.
La fiscal del condado de Alachua, Sylvia E. Torres, declaró que el estado no se ha opuesto a la resolución del condado de Orange. Pero la Fiscalía General de Florida podría emitir una advertencia tanto al condado de Orange como al de Alachua por aprobar una resolución que contravenga la ley estatal, como el acuerdo 287(g).
El acuerdo 287(g) permite a las agencias policiales estatales y locales llevar a cabo operaciones de inmigración. La Oficina del Sheriff del condado de Alachua ha firmado el acuerdo, mientras que el Departamento de Policía de Gainesville no lo ha firmado.
“Existe un historial de la Fiscalía General enviando cartas que indican que ‘lo que usted ha hecho no está dentro de sus facultades’ o que constituye ‘mala conducta o amenaza de destitución’”, dijo Torres en la reunión.
Sin embargo, el 27 de agosto, el departamento emitió una orden general que exige a los agentes denunciar a cualquier persona que sospechen que se encuentra en el país ilegalmente. Esta medida se tomó para cumplir con los requisitos estatales, establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Durante el turno de comentarios del público en la reunión del condado del 11 de agosto, más de 10 residentes y activistas intervinieron para instar a los comisionados a apoyar la resolución.
Antes de la votación, el presidente de la comisión, Ken Cornell, dijo que no tenía previsto apoyar la resolución. Sin embargo, tras escuchar los comentarios del público y el apoyo de sus colegas comisionados, Cornell votó a favor. Dijo que la resolución, al no ser vinculante y carecer de validez legal, contribuiría a generar confianza pública.
¿Es la resolución puramente simbólica?
Aunque el condado aprobó una resolución que se opone públicamente a las operaciones actuales de ICE, la decisión no garantiza ni exige el fin de la cooperación de las autoridades policiales locales con ICE.
Andrea Jacoski, profesora de derecho de la Universidad de Miami y subdirectora de la clínica de inmigración de la universidad, dijo que la resolución parece ser un gesto simbólico que reconoce las preocupaciones de la comunidad. Añadió que la resolución no puede anular las operaciones estatales y federales de ICE en el condado.
“No sé realmente si aprobar una resolución los eximirá de su obligación de seguir compartiendo información o de ejecutar las órdenes de detención de ICE”, dijo Jacoski.
Las órdenes de detención de ICE, o detenciones migratorias, son avisos escritos que ICE envía a las autoridades locales o estatales solicitándoles que detengan a una persona para que ICE pueda llevar a la persona bajo custodia.
Aunque la resolución del condado tal vez no impida por completo las operaciones de ICE, dijo Jacoski, puede generar confianza pública y demostrar solidaridad con las comunidades inmigratorias.
“Es importante y está bien que la gente reconozca que causa mucho daño a nuestros vecinos inmigrantes y a la numerosa población inmigrante en toda Florida”, dijo.
Reacciones de la comunidad
Tras meses de debate, la comisionada del condado de Alachua, Marihelen Wheeler, dijo que la resolución reafirma la responsabilidad del condado de velar por el bienestar de sus residentes y alienta a los agentes de ICE a tratarlos con justicia.
“Contiene palabras muy amables que piden a los residentes que no usen mascarillas, que traten bien a los demás y que no discriminen a nadie”, dijo Wheeler. “Pero, insisto, no es vinculante, así que, más que nada, es un reconocimiento de que hay comunidades que se ven amenazadas por las tácticas que se están implementando desde Washington y ahora desde Tallahassee”.
Wheeler dijo que ha hecho mucho más por los inmigrantes que simplemente apoyar una resolución no vinculante.
En un intento por promover un cambio vinculante, Wheeler comentó que ha abordado las preocupaciones de la comunidad, incluyendo las de GINI, con la representante Kat Cammack y su equipo, quienes representan al condado de Alachua y sus alrededores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
“[Cammack] sabe que este es un tema que me preocupa mucho”, dijo. “Así que nos reunimos… y tratamos de encontrar ideas para abordar las preocupaciones de la comunidad de una manera más directa y personal”.
Su relación con Cammack comenzó cuando Wheeler se postuló contra el excongresista Ted Yoho en 2014. Cammack era su jefa de campaña en ese entonces.
Wheeler recuerda su campaña para la Cámara de Representantes en 2014 y su plataforma sobre inmigración como prueba de su apoyo a los inmigrantes durante una década.
Sospecha que la Comisión Municipal de Gainesville ha estado esperando la decisión de la comisión del condado para pronunciarse sobre la resolución, dijo.
Mientras espera la votación de la comisión municipal, ha estado reuniendo a un grupo de voluntarios para hablar con Cammack.
"Lo que intento hacer es organizar una reunión con las personas dispuestas a asistir para conversar sobre lo que está sucediendo", dijo, "y qué podemos esperar en el futuro y cómo podríamos contribuir a impulsar algún tipo de reforma migratoria".
Tras obtener la aprobación del condado, el representante de GINI, Ethan Maia de Needell, afirmó que la organización ahora centra sus esfuerzos en la ciudad.
Dijo que el trabajo futuro con el condado tendrá como objetivo hacer los servicios sociales del condado más accesibles para la comunidad inmigrante. GINI espera facilitar estos esfuerzos y exigirle cuentas al condado, dijo.
“Las demandas de la resolución no son extremas”, dijo. “Son simplemente un reflejo de las prioridades de la ciudad, que esperamos sean los derechos constitucionales de sus residentes”.
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Olivia Lofaso is a senior journalism student at UF and the Fall 2026 City and County Commission reporter, a role she previously held during the summer. She enjoys gushing about her cocker spaniels to anyone who will listen and playing the cello in her free time.
Aaron Zagal Yaji is a Public Relations and Economics freshman in his first semester at The Alligator. He covers El Caimán's metro beat. In his free time, he enjoys going to the beach (or reminiscing about it), cooking Peruvian food, and squandering his money on golden shiny things.
