Dentro de una pequeña habitación llena de libros y carpetas, Eva Siomara Sosa Pérez habla con una calma determinada —aunque su voz aún lleva el eco de una batalla inconclusa.
“Quiero regresar a Guatemala”, dijo con una sonrisa cansada.
Sosa es exfiscal anticorrupción y actual exiliada política. Fue acusada de obstrucción a la justicia y pasó un tiempo en prisión. Ahora forma parte de una residencia académica en la UF, donde estudia inglés.
El espacio le ha permitido concretar otra aspiración: escribir un libro, mientras reflexiona sobre la democracia y los derechos humanos en Centroamérica.
Investigando la corrupción
Sosa desempeñó un papel clave en la investigación de casos de corrupción y narcotráfico dentro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En 2015, a través de un expediente sobre narcotráfico, Sosa se topó con lo que luego sería la investigación “La Línea”. El caso alcanzó a las élites políticas y económicas más poderosas del país, marcando un punto de inflexión no solo en su carrera, sino en la historia reciente de Guatemala.
El caso involucró a las máximas autoridades del país: el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Los informes de la comisión destaparon una red de fraude aduanero dentro del gobierno, en la que los implicados se habrían apropiado de al menos 3.5 millones de dólares. Tras semanas de protestas masivas frente al Palacio Nacional, Pérez Molina renunció. En 2022 fue condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita y fraude aduanero.
“Todo lo que hice lo hice convencido de que era lo correcto”, dijo Sosa.
En noviembre de 2023, el expresidente pagó poco más de 38 mil dólares de fianza para convertir su condena en libertad condicional.
Para Sosa, ese caso fue solo el inicio de una serie de investigaciones que revelarían otros grandes escándalos de corrupción. Un ejemplo emblemático fue el caso Odebrecht en 2018, que vinculó más de 17.9 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de obras públicas.
Tras la disolución de la CICIG en 2019, Sosa fue reasignada a unidades menores dentro del Ministerio Público. Pero continuó recibiendo amenazas y ataques por su trabajo, describiendo luego esa etapa como sentirse “perseguida” y “acosada”.
En febrero de 2022, un tribunal guatemalteco emitió una orden de captura en su contra por obstrucción de la justicia. Fue detenida y llevada a la Prisión Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala.
El denunciante fue Ricardo Méndez Ruiz, hijo de un excomandante militar acusado de crímenes de guerra.
“Nunca se imaginaron que esto iba a escalar hasta los más altos funcionarios y al poder económico”, recordó Sosa desde una oficina en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UF.
En juicio
Sosa describió las audiencias judiciales como tensas y emocionalmente agotadoras, con constantes retrasos por maniobras procesales del Ministerio Público. En varias ocasiones, dijo, enfrentó ataques misóginos, como ser llamada “mala madre”.
“Las acusaciones en contra nuestra son una copia del expediente que nosotros en algún momento investigamos. Ellos no tienen investigaciones”, afirmó. “La democracia deja de ser democracia cuando los tres poderes del Estado se alinean para intereses específicos”.
Según contó, Méndez Ruiz incluso le dijo: “Eso le pasa por salir de la cocina.”
A pesar de los insultos y la persecución, Sosa encontró formas de resistir.
“Ya en las noches, cuando me quedaba sola, me ponía a escribir… escribía todo lo que se escuchaba ahí, incluso las conversaciones de los guardias”, dijo.
Otros abogados dudaban en tomar los casos de exfiscales como Sosa, relató Claudia González Orellana, exfuncionaria de la CICIG. González jugó un papel crucial en la defensa de sus colegas, hasta que ella misma fue arrestada y pasó 81 días en prisión.
“Nadie quería defenderlas porque la situación era muy atemorizante, el ambiente era muy agresivo…Hubo mucho miedo”, explicó.
Durante ese tiempo, la hermana de Sosa, Teresa Sosa Pérez, se convirtió en su sostén emocional y vínculo con el exterior. Teresa, abogada guatemalteca de 51 años, llevaba y traía las cartas de su hermana. Dijo que la corrupción no solo criminaliza, sino que hiere y fractura a las familias.
“El reto… es que esta experiencia, esta vivencia… ha desconfigurado completamente nuestras dinámicas”, afirmó Teresa.
El hijo menor de Sosa, Héctor Francisco Hernández, recuerda ese período como devastador, pero también como una muestra de la resiliencia de su madre.
“Mi mamá es de las personas que nunca se queda callada —si siente algo, lo dice. Y si dice ‘voy a luchar por esto’, lo hace”, dijo.
Llegada a Gainesville
En diciembre del 2022, tras la sentencia contra la exfiscal Virginia Laparra, Sosa comprendió que su seguridad en Guatemala estaba en riesgo. Salió hacia México, donde solicitó asilo político e inició una nueva etapa como exiliada.
El programa de la UF que la acoge, Centroamérica en Ascenso, busca proteger a académicos y defensores de derechos humanos perseguidos, ofreciéndoles un espacio seguro para la reflexión y la investigación.
El programa fue financiado por USAID hasta febrero de 2025, cuando se anunciaron recortes de fondos que generaron incertidumbre sobre su continuidad.
En ese momento, Sosa ya se encontraba en Gainesville, lista para comenzar, y la UF junto al Centro de Estudios Latinoamericanos decidieron asumir el financiamiento para garantizar su permanencia.
“Poder darle ese apoyo a una persona que está comprometida con la democracia, con los derechos humanos, y con la honestidad del sector público, pues es importante para nosotros”, afirmó Carmen Martínez Novo, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos.
Para Martínez Novo, la presencia de Sosa en la UF permite a los estudiantes comprender el costo humano de defender la justicia.
Desde el exilio y su residencia en la UF, Sosa continúa escribiendo y participando en foros académicos, donde comparte su experiencia con estudiantes y docentes.
El próximo año será decisivo para Guatemala: el país nombrará nuevos magistrados de las altas cortes y un nuevo fiscal general —procesos que podrían definir la dirección política y judicial de la nación durante los próximos cinco años, y quizás abrir la puerta para que Sosa y sus colegas regresen.
“Creo que la denuncia ciudadana, la auditoría social, es lo que nos puede dar más fuerza; siempre tratar de evidenciar lo que sí es cierto”, dijo.
Mientras cerraba su cuaderno y se preparaba para caminar por los pasillos de la UF, Sosa sonrió con melancolía. Aún sueña con volver a casa.
Contacta a María José Cordero en mcastillo@alligator.org. Síguela en @marprofundo___.
María José Cordero is a contributing writer and a political scientist currently in her first year of a master’s program in Women’s Studies, Gender and Sexualities. She has a keen interest in feminist perspectives and the intersections of politics and social change. In her free time, she enjoys outdoor activities, soaking up the sun and spending time in nature.
